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Nosotros, los abajo firmantes, apoyamos resueltamente a Nicaragua como nación soberana. Estamos alarmados y ofendidos por la declaración del 10 de noviembre por parte de la Casa Blanca de “emergencia nacional” en Nicaragua, originalmente declarada en 2018 y ahora prolongada hasta el 27 de noviembre de 2023. El anuncio afirma falsamente que Nicaragua representa “una amenaza inusual y extraordinaria” para los Estados Unidos. También observamos la imposición de cada vez más sanciones a Nicaragua por parte de los Estados Unidos y sus aliados. Por ende, exigimos a todos los demás gobiernos, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales lo siguiente:
1. Respetar el derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus propios líderes, a su autodeterminación y a decidir su propio camino al desarrollo.
2. Levantar todas las medidas coercitivas (“sanciones”) contra Nicaragua, que son violatorias del derecho internacional, ya que vulneran los derechos humanos de todo el pueblo nicaragüense, causando tremendo sufrimiento político, social y económico, especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
3. Al describir o tratar de Nicaragua, utilizar un conjunto de normas coherentes para la comparación con cualquier otra nación, independientemente del sistema económico elegido o su esfera de influencia.
4. Ser riguroso al referirse a Nicaragua, en declaraciones de política exterior y en noticias y redes sociales:
- Evitar el uso de términos peyorativos y afirmaciones negativas infundadas.
- Reconocer los muchos avances de Nicaragua en derechos humanos—políticos, civiles, sociales, económicos, culturales y colectivos—para su propio pueblo y todas las demás naciones. También apoyar esas normas integrales y uniformes de derechos humanos para todos los pueblos del mundo.
- Reconocer los considerables logros de Nicaragua, dignos de ser emulados en otros países.
Instamos a otros gobiernos y a los medios de comunicación a procurar ser rigurosos, en lugar de demonizar a Nicaragua y desestimar o ignorar sus muchos logros. Sus políticas y programas gubernamentales han traído importantes mejoras en las vidas de los y las nicaragüenses, como son los avances masivos en la atención médica, la educación, la vivienda y otros servicios públicos que constituyen ejemplos de cómo la inversión estatal se puede utilizar eficazmente en beneficio de todo un pueblo.
Muchos gobiernos y medios de comunicación han tergiversado sistemáticamente el intento de golpe de Estado financiado por Estados Unidos en 2018 y los daños que causó, culpando de toda la violencia a la policía y no a los delincuentes que lo orquestaron; también evitan mencionar la evidencia y las acusaciones contra los que han vuelto a ser detenidos más recientemente por nuevamente intentar incitar a la insurrección. Al igual que en la década de 1980, la desinformación apoya estos esfuerzos de desestabilización. Echándole sal a la herida, rehúsan mencionar los efectos nocivos que la pandemia, tres huracanes destructivos y la escalada de sanciones han tenido sobre el país.
A pesar de todos estos desafíos, en Nicaragua hay seguridad ciudadana. La actividad policial nicaragüense, basada en la comunidad, ha generado la confianza y el apoyo de la población y ha conseguido que el país no sufra la violencia generada por las drogas y las pandillas, algo habitual en el resto de la región. La enérgica respuesta a COVID-19 ha permitido que Nicaragua tenga una de las tasas de mortalidad excesiva más bajas de las Américas. Su preparación y respuesta a los desastres naturales ha evitado las numerosas muertes que se produjeron en los países vecinos a causa de los mismos huracanes e inundaciones. La economía nicaragüense se ha recuperado y se han mitigado los efectos de la pobreza, al mismo tiempo que el gobierno estadounidense y sus aliados en los medios de comunicación afirman que el pueblo sufre condiciones de opresión y corrupción.
Las sanciones contra Nicaragua deben cesar. Las medidas coercitivas unilaterales son ilegales según el derecho internacional. Por sus efectos sobre los programas gubernamentales y el empleo en Nicaragua, son especialmente injustas para las personas más pobres del país. Durante la pandemia, las sanciones impidieron al servicio de salud acceder a equipos vitales. Muchas de las personas sancionadas son funcionarios estatales que prestan servicios públicos vitales, pero las sanciones les prohíben firmar contratos financieros o administrar sistemas vinculados al financiamiento internacional. Estas medidas coercitivas asfixian la recuperación económica, disuaden la inversión extranjera y ponen en peligro los empleos. También son contraproducentes porque impulsan la emigración (aunque la tasa de migración desde Nicaragua sigue siendo muy inferior a la de la mayoría de los países vecinos).
Por todo ello, exigimos justicia para Nicaragua, el cese de la injerencia en su soberanía y el reconocimiento de sus logros.
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